‘Libre en el Sur’ ha venido denunciando el hostigamiento y bloqueo permanentes que ha sufrido por parte de la autoridad delegacional panista de Benito Juárez. El conjunto de hechos está en el expediente CDHDF/122/07/BJ/D6685-III de la queja presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por violaciones a libertades fundamentales como el derecho constitucional que tiene la sociedad a estar informada. Desde que en abril del 2007 el director de Comunicación Social, Rubén López Córdoba, dio instrucciones para cancelar la publicidad a este medio, como represalia por la publicación de informaciones que incomodaron al delegado Germán de la Garza, en su oficina se ha implementado un burdo sistema mediante el cual se pretende obstaculizar a este medio en su labor informativa. Personal de esa área incluso ha tratado de impedir la distribución del periódico en la explanada delegacional, un espacio público y abierto. Lo mismo se ha retirado a nuestros reporteros de ciertos eventos oficiales –cuando ya se habían registrado— que se les ha impedido el acceso a otros actos en los que sí se permite la entrada de otros medios.
Germán de la Garza no ha respondido las cartas que hace meses le envió el director de ‘Libre en el Sur’, Francisco Ortiz Pinchetti, para exigir una explicación acerca de estos hechos. En esta redacción no se reciben boletines y comunicados oficiales ni invitaciones para la cobertura ordinaria de las actividades gubernamentales, a pesar de que la autoridad se comprometió, ante la Comisión de Derechos Humanos del DF, a enviar de manera permanente esa información. Una decena de solicitudes por escrito permanecen sin respuesta y de las múltiples solicitudes hechas de manera verbal --dada la inmediatez de la labor periodística-- sólo una fue atendida por el subdirector de Atención a Medios, Manuel Piñeiro, que sirvió como argucia fascistoide para acusar a la reportera Gabriela Rivera de decir “mentiras” y hostigarla con el castigo de que no atenderían más las solicitudes que no fuesen giradas por escrito, al tiempo que se negó explícitamente a enviar una aclaración en donde asentara a qué “mentiras” se refería. Ni una sola línea de lo publicado en 'Libre en el Sur' ha sido desmentida por la DBJ. Pero Piñeiro, como su jefe, es un confeso transgresor de esas libertades: Le dijo a la reportera que antes creyó que era “objetiva”, pero que se equivocó, que ya veía que se dejaba guiar “por la línea editorial” de ‘Libre en el Sur’. Increíble. Y de paso pretendió intimidarla con un “acuérdate de la denuncia que está en Derechos Humanos; ahí va a salir todo”.
El bloqueo informativo a ‘Libre en el Sur’ha obligado a sus reporteros –profesionales y con ética— a buscar otras fuentes para documentar los hechos y actos que la autoridad delegacional pretende ocultar. Entre ellas están las diferentes oficinas de información pública, tanto de la DBJ como de las dependencias de los gobiernos federal y capitalino, que por ley deben transparentar sus ejercicios. Gracias a ese recurso, ‘Libre en el Sur’ documentó recientemente que la Contraloría General del DF sancionó a 13 funcionarios delegacionales –entre ellas por casos de deshonestidad, abuso de autoridad y extorsión-- como parte de 73 investigaciones abiertas por presuntas irregularidades de servidores públicos de la Delegación. Por esta misma vía se pudo saber que la Dirección de Recursos Materiales de la DBJ adquirió impresoras ¡de un modelo inexistente! Y los lectores de ‘Libre en el Sur’ fueron oportunamente informados acerca de los casi 400 mil pesos de recursos públicos que ocupó Germán de la Garza para su primer informe de gobierno, una especie de “show de opereta”. También se conoció por la oficina de transparencia de la DBJ que Bernardo Lartigue, director general de Desarrollo Social y Participación Ciudadana contrató con su puño y letra a su tío político, Daniel Maldonado Ballesteros, lo que está prohibido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y que en la demarcación se han talado más de tres mil árboles. Y que operan antros sin los permisos correspondientes. Y que se tenía planeado cambiar el suelo para autorizar comercios en las banquetas de la colonia Nápoles. Y que la DBJ avaló en documentos oficiales la perforación de un pozo hidráulico en el parque de San Lorenzo, un espacio protegido por la Ley de Salvaguarda contra cualquier obra. Y que, al mejor estilo lopezportillesco, desde la oficina de Comunicación Social se ordenó cancelar a ‘Libre en el Sur’ la publicidad gubernamental, apenas al día siguiente de aparecida en la versión impresa una entrevista con el diputado local panista Alfredo Vinalay, quien criticó la “insensibilidad” del delegado De la Garza al pretender imponer, en mancuerna con el GDF y sin dialogar con los vecinos, aquel pozo.
Aún cuando por la Ley de Transparencia la DBJ está obligada a informar, esa autoridad ha pretendido eludir ciertas respuestas, lo que implicó recursos de revisión. En el caso de Daniel Maldonado Ballesteros, que fue contratado por Lartigue siendo su tío político, hubo versiones contradictorias: En un oficio de la Oficina de Información Pública se había dicho que además de trabajar como subordinado de Lartigue durante el 2007, Maldonado fue contratado a principios del 2008. Sin embargo, en otro documento obtenido por la misma vía se negó que hubiese trabajado en el 2008. Además, cuando se solicitan las currículas de altos funcionarios, la DBJ procura no ser tan precisa en los cargos y en las fechas, lo que a dificulta el establecimiento de vínculos como parte del trabajo periodístico. Lo cierto es que ante la decisión fascistoide de la DBJ de imponer un bloqueo informativo a este medio, la Ley de transparencia se ha convertido para ‘Libre en el Sur’ en un instrumento imprescindible, sin el cual, en efecto, las autoridades tendrían un éxito parcial en su intención de ocultar los hechos y los actos.
Por ser el tema de la transparencia prioritario en nuestra insipiente democracia y en medio de los escollos que todavía debe sortear la labor periodística, ‘Libre en el Sur’ se ha sumado a la Semana México Abierto, una cruzada de medios para promover el derecho a la información en nuestro país, convocado por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y el instituto estadounidense Nacional Security Archive. La iniciativa se basa en Sunhine Week, un evento organizado por la Asociación de Editores de Periódicos de Estados Unidos (ASNE: American Society of Newspaper Editors). La semana se llevará a cabo del 28 de septiembre al 4 de octubre del 2008, y los periodistas que participen en ella promoverán el derecho a saber con artículos de fondo, reportajes, editoriales, cartones, cápsulas especiales enfocadas a un gobierno abierto. Para este año se ha propuesto la realización de trabajos periodísticos que versen principalmente sobre la utilización de las leyes de transparencia y de acceso a la información federal o estatal. Para ello, las preguntas: ¿Has hecho uso de la Ley de Acceso a la información Federal o estatal?, ¿Cuál ha sido tu experiencia?, ¿Has logrado tus objetivos? Más en www.mexicoabierto.org
