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En un
documento oficial, proporcionado como respuesta de la
Oficina de Información Pública (OIP) de la Contraloría a
la solicitud 0115000023508, se establece que como
resultado de las investigaciones a funcionarios de la
DBJ se dieron ya nueve amonestaciones, dos suspensiones
e incluso dos inhabilitaciones, además de dos sanciones
económicas por 72 mil 799 pesos y 177 mil 106 pesos. De
los 13 sancionados, siete corresponden a casos por falta
de aplicación de la normatividad, tres más a
deficiencias en los servicios y los tres restantes por
deshonestidad, abuso de autoridad y extorsión.
La OIP se
reservó sin embargo los nombres de los sancionados.
Asimismo consideró de acuerdo a la ley como de “acceso
restringido” y “reservada” la información
correspondiente a las 60 investigaciones restantes,
entre las que está la de presuntas violaciones a la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
por parte de Bernardo Lartigue Contreras, director
General de Desarrollo Social y Participación Ciudadana
de la DBJ quien, según consta con su propia firma en
documentos oficiales, contrató a Daniel Maldonado
Ballesteros siendo éste su tío político.
Las malas
cuentas
No es casual
que una Comisión especial de la Asamblea Legislativa del
DF para investigar el impacto del boom de construcciones
en la DBJ haya encontrado irregularidades en 196
edificios y revelado ganancias indebidas por más de 11
mil millones de pesos en esas construcciones. El
diputado socialdemócrata Jorge Carlos Díaz Cuervo,
presidente de dicha comisión, presentó ante la
Contraloría del DF 93 denuncias contra constructores y
funcionarios delegacionales y de la Seduvi por ese
motivo.
Tampoco es
casual que la delegación Benito Juárez ocupe ya el
cuarto lugar entre las demarcaciones capitalinas con
mayor número de “antros de alta peligrosidad”, con 38,
según un informe del gobierno del DF dado a conocer a
raíz del trágico operativo en el antro New’s Divine.
En esos
‘giros negros’ juarenses, como en los 463 detectados por
el GDF en la ciudad, “se vende droga y alcohol a
menores, se practica la prostitución y se permite el
ingreso de jóvenes que no tienen la mayoría de edad”. El
gobierno de De la Garza ha permitido en apenas dos
tercios de su mandato la proliferación de antros de todo
tipo. Durante el último año han abierto en Benito Juárez
cuando menos cuatro ‘table dance’, tres de ellos en
plena avenida Insurgentes.
Y, eso sí,
aumenta la burocracia: De acuerdo con la Oficina de
Información Pública de la DBJ, en la actual
administración han sido contratados 572 prestadores de
servicios, lo que equivale a un aumento del 23% de
personal.
Pese a la
promesa de De la Garza de no permitir “un solo ambulante
más” en la DBJ, la proliferación de informales es un
hecho constatable en todos los rumbos de la demarcación:
pululan. Han vuelto a las inmediaciones de los bancos,
escuelas y hospitales.
Otro
elemento que confirma la turbiedad de la autoridad
delegacional es la remoción repentina y sin explicación
alguna de funcionarios claves de primer nivel. En apenas
dos años ha habido ya tres directores generales de
Administración, dos directores generales Jurídicos y
tres directores de Comunicación Social. Rafael Chi
Blancas, director de Desarrollo Humano y brazo derecho
del “vicedelegado” Bernardo Lartigue, acaba de ser
removido. |
