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El nuevo fiscal desconcentrado en
Benito Juárez está a punto de hacer algo insólito.
Desenfunda del lado izquierdo de su cintura un teléfono
celular, lo escudriña. “Le voy a dar mi número de Nextel
para lo que se ofrezca a sus lectores, cualquier
inquietud, cualquier denuncia sobre malos tratos y actos
de corrupción de los servidores públicos. Es el
3094-6709, lo contesto personalmente. Quiero convencer a
la gente de que la autoridad tiene rostro y
responsabilidad”.
Para ese momento, Jaime Slomianski
Aguilar ha esbozado la nueva estrategia que, por su
conducto, está aplicando la Procuraduría General de
Justicia del DF en la demarcación juarense. Reconoce sin
miramientos que a las autoridades ministeriales les urge
recuperar la confianza de la ciudadanía, que se ha
perdido paulatinamente a lo largo de los años. En su
diagnóstico, ello se debe a varios factores, entre otros
la corrupción, que es un “problema de cultura, donde
tanto la autoridad como la sociedad se ven
involucrados”. También “el maltrato que sufre el
ciudadano porque los funcionarios han caído en un
proceso de falta de sensibilidad”. Y una tercera causal
de desconfianza, completa, es el distanciamiento entre
el gobierno y los ciudadanos, “que ha ido cerrando
puentes de comunicación entre ambos”.
--¿Cómo revertir
esa percepción?— se le pregunta. --Primero con un
acercamiento del fiscal con los ciudadanos, a través de
reuniones vecinales, para recuperar su confianza. Las
agencias del Ministerio Público y la Fiscalía deben
mostrar su rostro, tanto en la atención al público como
en la lucha contra la corrupción. Lo otro, vital, es
fomentar la coordinación interinstitucional entre las
diversas instancias relacionadas con la seguridad
pública: El MP, la Policía Judicial y Servicios
Periciales.
Entrevistado en su oficina del edificio de
Justicia delegacional días después de la multitudinaria
marcha “Iluminemos México”, Slomianski enlista medidas
concretas, como el Programa de Control de Confianza
sobre funcionarios públicos y el monitoreo de la
atención al público con cámaras de circuito cerrado en
las agencias del Ministerio Público, además de la
rotación de personal “para romper con rutinas,
complicidades e ineficacias”. También se trabaja en el
seguimiento de las averiguaciones previas mediante las
redes electrónicas de la institución.
El fiscal, que
tiene a su cargo las cinco coordinaciones de la PGJ en
Benito Juárez, que incluyen ministerios públicos,
Policía Judicial y Servicios Periciales, reconoce:
“Necesitamos de la sociedad para poder revertir vicios
de muchos años. Si hay desconfianza ciudadana, la acción
de la sociedad se inhibe. Es necesario que las denuncias
tengan una respuesta tangible. Esto implica cercanía,
comunicación, hacer saber a la gente cuáles son las
acciones que ahora se están implementando. Esta es una
administración de puertas abiertas”.
Slomiansky dice que
mantiene un diálogo constante con la Delegación Benito
Juárez para la parte preventiva, así como con la
Secretaría de Seguridad Pública y el Consejo Ciudadano
de Seguridad Pública en la persecución del delito. Habla
de los primeros resultados de esta nueva política: El
robo de autos, que es el delito de mayor incidencia en
la Delegación, se redujo de 319 casos en agosto del 2007
a 231 en agosto del 2008. Y hace una invitación a los
juarenses: “Necesitamos a ciudadanos vigilantes que
coadyuven con la autoridad para generar un sentido de
comunidad, un proyecto ciudadano. No permitamos que el
delincuente rompa el tejido social”.
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