Aún con los avances en materia de transparencia que ha habido en México, vivimos en un país con altos índices de corrupción. Esto no es noticia ni tampoco novedad. Pero dentro de nuestro territorio, el Distrito Federal rebasa con mucho el promedio nacional. Desde el año 2001 en que Transparencia Mexicana hizo público por primera vez el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG), el D.F. se ha distinguido por ser el peor calificado. Cuando esta información fue pública, Andrés Manuel López Obrador se puso furioso. Dijo que el estudio había sido pagado por sus enemigos, que eran los empresarios enemigos del país, que era parte de una campaña para desprestigiarlo...
Aún así, nadie puede negar que existe y que la vemos. Creo que podemos coincidir en que la corrupción en nuestro país no es un hecho aislado, más bien es un fenómeno cultural que tiene larga historia. Algunas de las máximas del vocabulario político nacional tienen que ver con éste tema: “La corrupción somos todos”, “El que no transa no avanza” y otras. La corrupción en nuestro país ha sido uno de los pilares sobre los que se sostiene la vida nacional. Y con toda la intención no digo que es la base del Sistema Político Mexicano, porque estoy convencido que a pesar de que la política ha sido una de las vitrinas por donde se ha mostrado esta “debilidad común”, la corrupción en México respira a través de los poros de casi todas las actividades humanas. Hay corrupción en las empresas, Iglesias, escuelas, comunidades, sindicatos, familias. En mi labor como legislador he conocido de grupos vecinales que operan con tal corrupción, que podrían darle clases a Bejarano (el señor de las ligas) o a Ponce (el señor de Las Vegas).
En 1999 nació en México Transparencia Mexicana. Una organización de ciudadanos destacados que enfrentan la corrupción proponiendo políticas públicas y mostrado la situación de nuestro país publicando estadísticas cada dos años. La primera publicación que hicieron al respecto fue en 2001, luego le siguieron los datos de 2003 y posteriormente 2005. En 2001, el Distrito Federal se colocó como la entidad (comparado con los demás Estados) con mayor corrupción -lugar 32-. En 2003 ganó un sitio pasando a la posición 31, pero en el último estudio publicado en 2005 recuperamos nuestro honorable lugar 32.
Ante tal desprestigio, López Obrador promovió la publicación de otro estudio hecho a modo para mostrar que su gobierno estaba limpio de toda culpa, pero los sucesos de corrupción mostrados en la televisión en aquellos días, destruyeron su estrategia y fortaleció los señalamientos que independientes habían hecho.
Entre enero y febrero de 2008 serán publicados los nuevos datos. Puedo apostar a que el Distrito Federal no disminuirá los niveles de corrupción anteriores. Pero será interesante ver la reacción del Jefe de Gobierno porque a partir de ahí veremos su nivel de compromiso por mejorar en ese aspecto la gestión de su gobierno. Hasta hoy, cuando a algunos funcionarios se les ha tocado el tema eluden el diálogo. La secretaria de medio ambiente Martha Delgado a protegido a sus funcionarios, ha inventado información inexistente y no se ha comprometido ni siquiera a investigar los señalamientos que personalmente he hecho sobre las extorsiones de sus empleados, entre otros, a los Vereficentros.
De los 35 reactivos que tiene el estudio que ha publicado Transparencia Mexicana, donde más florecen las anomalías de nuestra Ciudad es en la intervención de los Agentes de Vialidad cuando los ciudadanos tratan de evitar que lleven su auto al corralón o para sacarlo de él. En una escala de 0 a 100, esta mención tiene un 79.4 de calificación en 2005. Estacionar el vehículo en lugares controlados por personas (franeleros) que se apoderan de ellos, tiene la segunda mención con un 73.5, y evitar ser infraccionado por un agente de vialidad tiene la tercera peor calificación con un 70.6. Una de las conclusiones es que los peores índices de corrupción los tiene la ciudad de México por temas que tienen que ver con la vía pública, vialidades, tránsito. Una buena decisión a que debemos obligar al gobierno capitalino es a que tome medidas en ésta materia para ir reduciendo los índices de corrupción en la Ciudad.
A los Mexicanos la corrupción nos cuesta 19 mil millones de pesos al año, un promedio de 177.40 pesos que cada mexicano paga para sostener esta jugosa industria. Para los hogares de hasta 1 salario mínimo, este impuesto regresivo llega a representar el 24% de su ingreso. Independientemente de las consideraciones éticas, por el alto costo que representa, por ser algo que daña la competitividad, por el deterioro económico que representa para los hogares, hay que hacer algo.
La información que esperamos en enero o febrero no es de percepción, sino de realidades medidas con toda precisión. Lo que nos resta por hacer, es proponer acciones privadas y políticas públicas que vinculen la denuncia con el actuar ciudadano y la gestión de gobierno, de tal forma que podamos avanzar en hacer la vida privada y el quehacer público más eficiente y transparente.
Gracias a la información ya disponible sobre la corrupción en nuestro país, el gobierno federal, algunos gobiernos estatales y municipales han eliminado algunos trámites y han establecido algunas políticas que mejoran la gestión pública. De esta forma, con ciertos compromisos y una buena dosis de liderazgo se puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
