|
El lamentable secuestro del joven Martí y su atroz
asesinato, nos hizo tomar conciencia de la angustiosa
fragilidad en la que vivimos en la Ciudad de México. Casi
todos conocemos a alguna persona que haya sufrido la
pesadilla de un secuestro; actividad delictiva que hace años
dejó de ser dolor de cabeza de los privilegiados, para
convertirse en un cáncer que invadió a la sociedad entera.
Comunicadores y analistas, rebosantes de coraje e
indignación, han puesto sobre la mesa propuestas de
legislación en materias como la pena de muerte, la cadena
perpetua y la portación legal de armas de fuego. En el
fondo, lo que todos hemos escuchado y leído, es un grito de
desesperación: ¡Algo se tiene que hacer para acabar con los
secuestros!
Lamentablemente, la clase política y la gobernante se han
quedado pasmadas ante un brote de indignación pocas veces
visto en México. Cual espectadores de una espeluznante obra
de terror, los responsables de nuestra seguridad sudan frío,
enmudecen y, pensando que no los observamos, cierran los
ojos. Sobre todo cuando se hace público que duermen con el
enemigo; cuando se hace evidente que los asesinos,
secuestradores y beneficiarios de los millonarios rescates
que personas inocentes pagan por recuperar a sus seres
queridos, están junto a ellos, entre ellos.
Es momento de valorar medidas extraordinarias para combatir
el secuestro en México. En lo personal no creo en la pena
de muerte, ni en la portación de armas. Lo primero ha
probado ser una medida ineficiente para combatir la
criminalidad y, en un país cuyo sistema de procuración de
justicia es endeble, puede propiciar asesinatos de Estado.
Lo segundo, implica reconocer el fracaso del Estado para
cumplir su función primordial, cuidar la seguridad de su
ciudadanía, trasladando esa responsabilidad a cada uno de
nosotros; se trataría de una involución histórica.
Sin embargo, existen otras alternativas que es momento de
poner sobre la mesa. Medidas legales extremas que han
probado ser eficaces en otras latitudes. Me refiero, por
ejemplo, al congelamiento de bienes cuando una persona
enfrenta el secuestro de algún familiar, y a prohibir que
bancos e instituciones financieras entregan cantidades
importantes de dinero en efectivo a sus clientes sin
verificar acuciosamente su justificación. También a que se
considere delito, conocer de un secuestro y no denunciarlo,
pagar rescates, la comercialización de seguros anti-secuestro,
y/o que personas participen como mediadores o negociadores
en un rescate.
Son medidas extraordinarias que en países como Italia
probaron ser eficaces para combatir al crimen organizado.
Lo han sido porque parten de un principio: el secuestro es
un negocio. En la medida en que ese negocio se termina, es
que se puede pensar en su erradicación.
No será sencillo tomar este tipo de decisiones. Primero,
porque existen cientos de personas secuestradas en estos
momentos y prohibir el pago de sus rescates puede
condenarlos a morir. Segundo, porque el crimen organizado
tomará represalias.
Se requiere pues una decisión de Estado, voluntad política,
y un pacto social que asuma costos de corto plazo a cambio
de un futuro para las generaciones que nos siguen.
*Jorge Carlos Díaz Cuervo es diputado local del Partido
Socialdemócrata. (jorge.diazcuervo@gmail.com) |
